La JP preocupada por la causa Monte Peloni II

Los jóvenes peronistas cuestionan la falta de elevación a juicio y la concreción del debate oral.

"Estamos esperando que se concrete el juicio por los delitos cometidos en ese centro clandestino de detención".

— Juventud Peronista de Olavarría.

Cada rincón de Olavarría tiene una historia para contar. La más oscura y cruenta está, sin dudas, en el centro clandestino de detención Monte Peloni, que fue la cabecera represiva del área 124, que incluía a Azul, Las Flores y localidades vecinas. Hoy se cumplen 2 años desde aquel 22 de septiembre de 2014 en que empezó la primera etapa del juicio por los crímenes cometidos en ese predio que perteneció al Ejército, y donde hoy vive, Araceli Gutiérrez, una sobreviviente que estuvo secuestrada ahí. Creíamos que aquel debate oral y público ayudaría a romper el silencio en esta  ciudad que, desde la aparición del nieto de Estela de Carlotto, ya no pudo negar su complicidad con los horrores de la ultima dictadura.

Tres meses después, el 29 de diciembre de 2014, poco después de las 13:30 horas, el Tribunal en lo Criminal Oral Federal de Mar del Plata, leyó la condena para los cuatro imputados por los delitos cometidos en el centro clandestino Monte Peloni: el ex coronel Ignacio Verdura, el ex sargento Omar "Pájaro" Ferreyra y el ex capitán Walter Grosse fueron condenados a prisión perpetua mientras que el ex teniente primero Horacio Leites fue condenado a ocho años.

Desde ese momento hasta, este 22 de septiembre de 2016 estamos esperando que se concrete el juicio por los delitos cometidos en el mismo centro clandestino de detención y otros puntos de la ciudad, que están agrupados en lo que se denominó como “Causa Monte Peloni II” en la que están imputados militares y policías que tuvieron un rol activo en la represión ilegal en Olavarría durante la dictadura militar. 

Lamentablemente vemos, como desde la llegada al poder del presidente Mauricio Macri, se evidenció un claro retroceso en materia de Derechos Humanos y en la búsqueda, como política estatal, de memoria, verdad y justicia. La concesión de prisiones domiciliarias a los ex represores y el retiro del Ministerio de Justicia como querellante en distintas causas donde se juzgan delitos de lesa humanidad, dejan en claro que lo que se busca es asegurar impunidad para aquellos que cometieron delitos en la última dictadura militar.

La sentencia del juicio “Monte Peloni I” significó un gran avance, un paso más en todo el proceso de memoria, verdad y justicia que empezamos a transitar desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983. Debemos trabajar como sociedad en afincar definitivamente el concepto de justicia, en el que en el estado de derecho debe juzgar al estado totalitario; cuestión revalorizada en las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con el impulso de los juicios y la derogación de la leyes de “Obediciencia debida” y “Punto final”. Por eso observamos con enorme preocupación la falta de elevación a juicio y la concreción del debate oral de la causa “Monte Peloni II”. Debemos buscar la verdad, haciendo honor a nuestra propia historia que nos ubica entre los pocos países del mundo en juzgar a sus gobiernos dictatoriales y convirtiendo a la Argentina en un ejemplo por su política de derechos humanos.